nulidad de sentencia firme

La anunciada inconstitucionalidad del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. cit., con referencia a la opinión de ORTELLS RAMOS, M. Derecho procesal civil (6ª ed.). 241.1 LOPJ / art. «Nulidad de actuaciones y sentencia firme: la reforma del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial». La Base 5ª de la Ley de Bases de 21 de junio de 1880 dispuso la ordenación de un solo procedimiento, breve y sencillo para todos los incidentes, artículos y demás cuestiones que, en esta materia y con la denominación «incidente de nulidad» pendiente el proceso, se introdujo por primera vez específicamente en la LEC de 1881, sujeto a los trámites correspondientes a las cuestiones incidentales carentes de una regulación específica, y refiriéndose llamativamente a la nulidad de actuaciones «o de alguna providencia», mención chocante, ésta última, dada la aparente inidoneidad del incidente para ejercitar el control sobre las resoluciones sujetas a los correspondientes recursos.[17]. [13] VERGE GRAU, J. De modo que, aunque acabara revelándose como puramente virtual y nada efectivo como filtro reductor del amparo extraordinario ante dicho Tribunal a consecuencia de unos reducidos márgenes aplicativos, no parece que ello pueda achacarse a una anomalía propia, al menos desde su actual configuración. El juzgado de lo Social 33 de Madrid declaró en junio de 2016 la nulidad del . [9] PÉRES-CRUZ MARTÍN, A.J. Poca duda cabe de que la aplicación práctica del mecanismo incidental dirigido a la subsanación de vicios procesales se había visto inmersa en la tradicional, inveterada y general proclividad a utilizarlo con efecto y, en algunas ocasiones, con finalidad abiertamente dilatorios: «una inicua arma en manos de los litigantes»,[21] «un cáncer galopante, en ocasiones difícil de atajar»;[22] propensión que no sólo puede achacarse a la inclinación interesada de la parte incidentalmente demandante, sino también atribuible a la desacertada respuesta judicial que contribuyó a un abuso evitable en buena medida: «Un hábito de ancha manga para recibir sin tasa los incidentes de nulidad de actuaciones, olvidando la definición legal de su naturaleza, pudo ser corregida con la interpretación secundum Constitutionem de la garantía básica de la defensa».[23]. Barcelona: Librería Bosch, 1987, p. 181. 228.2 LEC); – exige motivación, siquiera sucinta, de la «providencia» que admita o rechace el incidente a trámite (art. [36] Salvo el cohecho, la violencia, u otra maquinación fraudulenta, que podrían facilitar asimilación con los motivos de nulidad, los motivos por los que procede el recurso de revisión no se apoyan en defectos formales. 241 LOPJ». Examen de la cuestión a la vista de los recientes avances legislativos y jurisprudenciales». La necesidad a que respondía, en parte, este incidente en el momento de su implantación mantuvo inalterado el objeto que tradicionalmente venía asignado a la antigua querella nullitatis, tendiendo consecuentemente a permitir la depuración de los vicios de la actividad procesal previa a la resolución final del procedimiento cuando la parte no hubiera podido impetrar con anterioridad la purga del defecto (especialmente por vulneración del principio de audiencia bilateral). Cuadernos de Derecho Judicial. [18] LOURIDO RICO, A. M.ª, op. Si a ello se añade el especialísimo régimen de protección derivado del Derecho Internacional (Convenio Europeo de Derechos Humanos), la conclusión puede parecer evidente: los instrumentos de tutela de las partes frente a los vicios de nulidad procesal son muy notables».[12]. cit. Principio dispositivo que congenia igualmente: – con la viabilidad del incidente exclusivamente a partir de que ya no quepa recurso ordinario ni extraordinario («siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario», art. El amparo ante el Tribunal Constitucional. 3.395 (19 de noviembre de 1993), p. 3. 238 a 241 LOPJ y arts. cit. 53.2 de la Constitución». «Un primer intento de reforma lo constituyó el Proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 4 de enero de 1994 (Serie A, núm. Y la inveterada reacción contraria a la permisión de los incidentes (reflejada en la paulatina aminoración de su presencia, incluso en materia de control de la regularidad procesal), alcanzó su punto de inflexión cuando la LOPJ introdujo este cambio sustancial y cualitativo, fruto de un proceso restrictivo que fue culminado llevándolo a sus últimas consecuencias con la prohibición del incidente de nulidad tras la resolución que ponga fin al proceso, eliminando así uno de los medios de control de la regularidad procesal históricamente consagrado, aunque deficiente. Sabido es que, tratándose de una incidencia dentro del proceso principal y «Al Registro General del Tribunal Constitucional llegaron, a lo largo del año (2007), un total de 10.013 asuntos jurisdiccionales (frente a 11.741 el año anterior: 1728 menos, un descenso del 14,72 por 100). Una solución mediante la que «puede lograrse que la protección de los derechos fundamentales tenga lugar predominantemente ante la jurisdicción ordinaria […] de manera ágil […] sin necesidad de abrir una nueva instancia […]»,[42] y sin establecer desde luego un proceso completo, preferente y sumario cuya implantación ha venido siendo rechazada por parte de la doctrina con diversos argumentos,[43] entre otros porque «la creación de nuevos mecanismos procesales como medio para hacer descender el número de demandas de amparo es, en el mejor de los casos, una ingenuidad».[44]. Ello plantea el problema de qué ocurre si la acción de rescisión se interpone antes. «Subsanación de defectos procesales y conservación de los actos del proceso», en La nulidad de actuaciones en el proceso civil. Primera sensación que, pese a todo, puede ser engañosa si se considera que, por el contrario, la capacidad de control se ha ido ensanchando, en el sentido de que la nulidad ya no se somete ni se sujeta a la pura inobservancia o el simple incumplimiento de fórmulas concretas o formalidades más o menos exactas conforme a las que deba desarrollarse cada acto o trámite, sino que se amplía conceptualmente por sujetarse a principios y criterios generales, que responden a un sustrato jurídico más sustancial que formalista, y que resulta común para las distintas actuaciones en lugar de particularizarse en contemplación a si cada trámite específico completa o no la secuencia procesal prevista formalmente. disolvi el vnculo matrimonial de fecha doce de diciembre del dos mil nueve. 8. Si la persona sometida a patria potestad es menor de edad, quienes ejercen la patria potestad especial responden principal y solidariamente de los daños y perjuicios causados por los actos u omisiones del menor no emancipado mientras se encuentre bajo su . [45] DOIG DÍAZ, Y., op. Dicha sentencia estima el recurso de amparo promovido por una empresa frente a un Auto de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que inadmite el incidente de nulidad de actuaciones formulado frente a . Aunque con frecuencia «Justicia» y «seguridad jurídica» han sido erigidos elementos diferenciales entre las diversas concepciones de la nulidad procesal,[1] lo cierto es que operan como un binomio inescindible, de cuya desigual composición dimana un precipitado inestable que —como tal— caracteriza el tratamiento de la nulidad procesal. cit., p. 4. [1] Sobre las concepciones de la nulidad como sanción (sea por vicio intrínseco del acto carente de requisitos, sea por contrariedad a la norma que impone la nulidad) y la nulidad como instrumento procesal extrínseco al acto (valorando la adecuación o infidelidad del acto a la norma), véase LOURIDO RICO, A. M.ª, [19] «Esa regla, en tantos sentidos valiosa, porque va dirigida a potenciar la eficacia del proceso, también aporta un importante problema: qué hacer ante determinadas situaciones en las que, no existiendo un concreto instrumento para impugnar la sentencia, en cambio no hay duda de que la misma está afectada por un vicio importante, por una causa de nulidad insubsanable. O es que me he equivocado yo al interpretar la diligencia de ordenación que era una citación para presentarme al juicio sin que se me diera por comparecida y contestada. Modo adquisitivo del derecho de propiedad. La Ley, Año XIX, núm. SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-31-03-024-2015-00456-01 del 07-10-2022. cit., p. 6. 24 de la Constitución Española (CE) del derecho a obtener una tutela judicial que sea efectiva, sino también con carácter reforzado respecto al núcleo duro de los derechos fundamentales previstos en el art. Se requiere que la sentencia fuere firme. Qué es un Decreto - Código de Procedimiento Civil, 1908. Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. El Proyecto de Código Procesal Civil y Comercial enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación en el año 2019, contempla la revisión de sentencias firmes al referirse a la nulidad de los actos procesales; prevé que la nulidad de un acto procesal puede ser declarada por vicios de forma o de contenido (art. Ello confirma que, como se ha expuesto precedentemente, la evolución de los motivos que permiten declarar la nulidad de los actos procesales (en este caso tras haber recaído sentencia definitiva o resolución que ponga fin al procedimiento) profundiza en el abandono del tratamiento de la nulidad como sanción por incumplimiento de las «formalidades», y lo aproxima más si cabe a la lesión de «derechos», en este caso fundamentales: A) Por lo que se refiere a la nulidad de la actividad procesal (previa a la resolución que ponga fin al proceso) que la parte no hubiera podido denunciar con anterioridad, la actual referencia a la lesión de cualquier derecho fundamental ampara como es natural la vulneración del derecho a la defensa, en cierta consonancia con la alusión a que el quebrantamiento de forma sólo entraña o acarrea nulidad cuando afecte a ese derecho fundamental: «Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión» (art. [30] Una interesante referencia a la controversia inmediatamente previa a la última reforma puede encontrarse en GARCÍA-VILLARRUBIA BERNABÉ, M. «A vueltas con el incidente de nulidad de actuaciones y el recurso de amparo. cit., p. 28. . 3 (1997), pp. La abrumadora mayoría son recursos de amparo (9.840, un 98,27 por 100 del total), competencia de las dos Salas del Tribunal. La querella nullitatis proporcionaba un cauce estrictamente destinado a purgar los vicios de procedimiento, aunque con ineludible repetición del procedimiento afectado (dado su efecto puramente rescisorio), si bien la nulidad podía obtenerse también mediante el recurso de apelación, que proporcionaba una nueva sentencia sin repetición del procedimiento viciado, abriéndose nuevos horizontes a partir de la conjugación (durante el siglo xix) de la querella nullitatis y el recurso de apelación. Durante una primera época y a partir de la STC 110/1988, de 8 de julio, caminando hacia el estricto objetivo de buscar la justicia material, el Tribunal Constitucional declaró que «por sentencia definitiva sólo puede entenderse la ya definitivamente ejecutada, de manera que pueda el Juez o Tribunal sentenciador, mientras no lo ha sido, de oficio y previa audiencia de las partes, declarar la nulidad de lo actuado», lo cual no sólo se detenía en la virtualidad del propio instrumento de control, sino que repercutía a efecto de un ulterior recurso de amparo exigente de agotar todos los medios subsanatorios previos posibles, éste incluido. 24 CE[37] y no a otros derechos fundamentales. Los medios de rescisión de sentencias firmes son aquellos medios extraordinarios que brinda el OJ para poder atacar la firmeza y la seguridad jurídica que nos producen las sentencias firmes. Cuando mediante la Ley 34/1984, ulteriormente confirmada por la LOPJ en su primigenia redacción de 1985, se avanzó en la residualización del incidente de nulidad, quedó éste exclusivamente autorizado para «antes de que hubiere recaído sentencia definitiva» (art. Sentencia nº 126 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-10-2021. Por su parte, el procedimiento incidental de nulidad, pendiente el proceso, ha ido evolucionando históricamente para perder rigidez y fárrago, facilitando que ese control operase desde el interior del mismo proceso (pendiente el proceso y no sólo, aunque también, tras su finalización) y, más adelante, que el control pudiera sustanciarse conforme a una tramitación mucho más abreviada que la del proceso mismo. La urgencia del cambio pudo ser causa de una poco cuidadosa redacción del artículo 240 LOPJ en que se instaló el nuevo incidente de nulidad post sententiam, que, presentado como «solución inmediata al perturbador estado de cosas actual», resultó rápidamente reclamado de corrección. 54 a 62. Cabría en este punto preguntarse[32] si la posibilidad de declarar la nulidad por vulneración de cualesquiera derechos fundamentales del art. Key words: Administration of Justice, procedural acts, judgment, incident of nullity, appeals, legal certainty, effective protection of the Court. [10] MARTÍN DE LA LEONA, J. M.ª, op. [50] GARCÍA-VILLARRUBIA BERNABÉ, M., op. D) Pero entiendo que sólo cabe exigir tangencialmente a este incidente una significativa aminoración de la tendencia a recurrir ante el Tribunal Constitucional, ya que su genuina finalidad no es regular el acceso al amparo extraordinario (aunque en buena medida debería tener capacidad para influir en ello indirectamente), sino afinar el delicado equilibrio entre justicia y seguridad jurídica, permitiendo un control de la regularidad procesal in extremis. Con su introducción la nulidad pasa de ser un estado que podía afectar al acto a ser una mera causa de impugnación de la validez del acto. La sentencia firme es una resolución judicial que . [42] BACHMAIER WINTER, L., op. «La reforma del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: luces y sombras». Si el quebrantamiento de forma, conforme a la tradicional dimensión puramente procesal de su objeto, pudo padecer en cierta medida al autorizarse como motivo de nulidad la incongruencia del fallo (que ocasionalmente podía responder a vicio in iudicando), la última reforma introducida ha dinamitado la exclusividad de aquel objeto puramente procesal, al permitir ahora la declaración de nulidad por alguna lesión de dimensión constitucional que afecte a cualquier derecho fundamental de los recogidos en el art. Hola a todos. Tengo que pedir un gran favor. Y además puede haber forzado plausiblemente a que se clarifique la sustancialidad de la pretensión de amparo ordinario ante la jurisdicción antes de que sobre su admisión tenga que llegar en su caso a pronunciarse el Tribunal Constitucional. Por el contrario, hoy en día, la utilización del mecanicismo proporcionado por el tradicional silogismo subsuntivo resulta insuficiente para llevar a cabo la interpretación y aplicación del Derecho, puesto que la multiplicidad de ámbitos competenciales legislativos, la superabundancia de normas, su raudo-mutación, y en suma lo que en ocasiones se ha designado como «trepidatio», junto con la denominada constitucionalización de determinados espacios jurídicos, tornan más que problemática la esfera de la interpretación de las normas, obligan a establecer escalas de relevancia entre ellas, a introducir parámetros de interpretación conforme a principios generales del Derecho y valores superiores del Ordenamiento Jurídico, y exigen operar ahora frecuentemente en base a criterios de racionalidad, proporcionalidad o ponderación, que son de índole valorativa y responden decididamente mal al puro mecanicismo subsuntivo. 2. [49] BACHMAIER WINTER, L., op. Dominio por usucapión. La situación presente incorpora sin duda aumento de carga para los órganos jurisdiccionales cuyas resoluciones pongan fin al proceso por no caber contra ellas recurso ordinario ni extraordinario, bajo la afirmación expresa de que la reforma opera «con la intención de aumentar las facultades de la jurisdicción ordinaria (sic) para la tutela de los derechos fundamentales», y bajo una doble suposición de efecto teórico no dudoso, y de eficacia práctica esperable ya que: a) correlativamente se generará un descenso significativo en la cantidad de solicitudes de amparo extraordinario ante el Tribunal constitucional; b) si la anterior suposición es correcta, disminuirá el tiempo de respuesta ante la denuncia de lesión, porque los Tribunales de justicia deberían resolver por lo general la cuestión en menos tiempo del que ahora tarda un recurso de amparo, y porque el Tribunal Constitucional acelerará su respuesta si no necesita resolver tantas demandas de amparo. «Justicia» y «seguridad jurídica», indisolublemente inherentes a las finalidades del proceso, son elementos esenciales que animan, más que tiñen, todo el ámbito relacionado con la validez y la ineficacia procesal, haciéndolo además de modo natural puesto que la nulidad de los actos procesales constituye uno de los límites con que perfilar, aunque en negativo frente a la cosa juzgada, la idea misma sobre el proceso y su finalidad, y en concreto la noción de un proceso justo, sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. 117.3 de la Constitución y 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial); “desjudicializar” un procedimiento (el del artículo 53.2 de la Constitución en los casos de vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva)…».[26]. VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por LA PROCURADURÍA PÚBLICA A CARGO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PARTE CIVIL) contra la sentencia del treinta y uno de enero de dos mil catorce, emitida por la Sala Penal . 24 CE, ni mucho menos sólo por lesión del derecho de defensa como antaño; de modo que ahora también constituye su objeto depurar la vulneración del derecho material, y no sólo del procesal como anteriormente. El carácter general que incumbe a estas consideraciones sobre el tradicionalmente conocido como «incidente de nulidad» espero que justifique o al menos explique el trazo grueso de las líneas que siguen, así como una primera referencia en torno a su marco de desenvolvimiento institucional. A. Mª. Principios y garantías procesales. cit., p. 56. 129 a 143. La Ley Orgánica 13/1999, de 14 de mayo, que volvió a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3.432 (11 de enero de 1994), p. 2. El laudo de consumo: especial referencia a la anulación de los laudos arbitrales por vulneración del orden público en las recientes Sentencias del Tribunal Constitucional. Comentario a la STC (Sala 2ª) de 19 de diciembre de 1989». Curiosamente nuestro Derecho careció hasta bien tarde de cauce específicamente regulado para obtener la nulidad de las actuaciones distintas de una resolución, si bien los artículos de previo y especial pronunciamiento «con fundamento en instituciones de Las Partidas y de la Novísima Recopilación […] existían en la práctica y en el fondo de las leyes procesales (sustanciándose) a menudo por los trámites del proceso ordinario en que surgían, lo cual dilataba aún más los juicios»,[16] lo que explica el surgimiento de una común opinión contraria a la permisividad de los incidentes a modo de «apéndices procedimentales», nunca del todo exenta de fundados recelos por facilitar una propensión al abuso ya percibida desde antiguo como altamente desfavorable, de la que son muestra el Reglamento Provisional para la Administración de Justicia (1835), la Instrucción del Marqués de Gerona (1853), y la propia LEC de 1855. Aun cuando la regulación formal del incidente de nulidad pendiente el proceso fue introducida (como se ha apuntado) por la LEC de 1881, y pese a que el mismo se hallaba exclusivamente previsto para un momento anterior a la sentencia, sin embargo «se utilizaba ya ―aunque de manera indebida― para declaraciones de nulidad tras la sentencia».[20]. La paradójica y oscilante evolución del sistema, III. De ahí que su examen merezca un especial detenimiento como instrumento autónomo o modalidad específica de control respecto de la resolución que ponga fin al proceso. [11] Ilustrativos y acabados análisis sobre la gradación sistemática de los principios de conservación, subsanación y nulidad, pueden consultarse en BONET NAVARRO, Á., op. Si la reimplantación del incidente de nulidad tras la resolución que ponga fin al proceso tuvo por objeto atender las consideraciones del Consejo General del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional para «salir al paso de una situación en que la efectividad de este derecho fundamental (derecho a la defensa consagrado en el art. C) Además, la ampliación del objeto de este instrumento hacia el control del derecho material buscada por la última reforma sólo potencia muy reducidamente la capacidad revisora en ese ámbito, dada la limitada viabilidad del procedimiento: «En efecto, de ordinario la vulneración de los derechos fundamentales de carácter sustantivo no encuadrados dentro del art. 228.2, párrafo segundo, LEC). Se entiende como cosa juzgada sin posibilidad de recurrir. [23] SAINZ DE ROBLES, F. C., op. 53.2 CE, especialmente el art. La introducción formal del incidente de nulidad previo a la sentencia (en la LEC de 1881) dio lugar a que, como se ha adelantado, fuese utilizado indebidamente también para obtener la nulidad tras la sentencia, hasta su prohibición taxativa por la Ley 34/1984 que reformó la LEC y su ulterior interpretación por el Tribunal Constitucional. El tema de las nulidades procesales ha cobrado actualidad a partir del establecimiento de mecanismos que permiten la denuncia de la nulidad incluso una vez que ya se haya emitido sentencia firme. Estos trámites o procedimientos, tradicionalmente diseñados para examinar y decidir acerca de la regularidad procesal, se han venido soportando históricamente sobre dos pilares fundamentales, aunque nunca exclusivos, ligados por una correlación oscilante: la expansión del principio de absorción de la validez en la impugnación y la contracción del procedimiento incidental de nulidad. 228.2, párrafo segundo, LEC), compartido con los restantes remedios procesales, también llevó a considerarlo un remedio excepcional o extraordinario[34] junto con la rescisión de sentencias dictadas en rebeldía del demandado[35] y el juicio de revisión.[36]. b).-. 2.446 (19 de marzo de 1990), p. 3. 241.2, párrafo segundo, LOPJ / art. En esta concepción se traslada el centro de atención desde el vicio hacia el instrumento: sólo podrá existir nulidad allá donde exista la concreta posibilidad de ser declarada; en otros términos, sólo podrá obtenerse la nulidad cuando exista un concreto instrumento a través del cual declararla.»[15], 4. cit. La Ley 34/1984, que reformó la LEC y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. cit., p. 3. «La lucha por la seguridad jurídica». 53.2 CE, y se convierte en el recurso jurisdiccional previo y sumario mediante el cual se tutelan los derechos fundamentales». Título declarativo de la adquisición de los herederos. En consecuencia, su anterior configuración, reducida al quebrantamiento de formas efectivamente lesivo del derecho a la defensa («nulidad de actuaciones basada en defectos de forma que hayan causado indefensión») y a la incongruencia del fallo, se ensancha ahora autorizando la declaración de nulidad por «cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución» (art. Como ya se ha adelantado, en reiterados supuestos se ha pronunciado el Tribunal Constitucional contra «el ejercicio abusivo e indebido de todos los remedios procesales imaginables en la vía judicial previa, los cuales sólo deben utilizarse cuando resulten razonablemente exigibles por ser procedentes conforme a las normas procesales, debiendo estimarse excluidos aquellos otros no previstos en la Ley o manifiestamente improcedentes en el curso del proceso de que se trate». 53.2 CE. La Declaración de Derechos de Virginia (1776) y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa (1789) diseñaron una separación de poderes donde el Juez era simple boca de la Ley[5] que por erigirse en «expresión de la voluntad general» restaba todo margen a la interpretación y sólo toleraba la aplicación directa de su letra por igual para todos frente a la arbitrariedad y privilegios del antiguo régimen, imponiéndose consecuentemente un sistema de taxatividad o tipicidad orientado a asegurar el predominio de la Ley (en detrimento de la decisión judicial) que supeditaba todo posible control de la regularidad procesal a la previsión estricta desde el mismo texto legal: «Pero esta severa regulación de las nulidades contenía dos grandes defectos fruto de su propia rigidez; en primer lugar que el principio “pas de nullité sans texte” supone, necesariamente, que los preceptos del código procesal […] han de contener minuciosamente indicados todos y cada uno de los casos en que la violación dará lugar a la nulidad; […] El segundo defecto, este aún más grave si cabe, tenía su origen en el carácter automático con que se producía la declaración de las nulidades previstas…».[6]. 267.5 y 6 LOPJ, disponiendo este último apartado que: «Si el tribunal advirtiese, en las sentencias o autos que dictara, las omisiones a que se refiere el apartado anterior, podrá, en el plazo de cinco días a contar desde la fecha en que se dicten, proceder de oficio, mediante auto, a completar su resolución, pero sin modificar ni rectificar lo que hubiere acordado.», La eliminación de la incongruencia del fallo en el actual texto, en lo concerniente a los motivos por los que procederá declarar la nulidad mediante este incidente, parece consecuencia natural de su actual objeto ampliado, y probablemente permita mejorar las posibilidades interpretativas para su aplicación,[30] puesto que el procedimiento corrector por omisiones de pronunciamiento queda establecido autónomamente en función de lo dispuesto en el art. [35] La STS 4ª de 31 de enero 2000 estableció que «desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/1997 la audiencia al rebelde ha recuperado su tradicional función y ha quedado reservada para los casos en que la notificación edictal de la sentencia haya sido precedida de un emplazamiento realizado en forma legal […]», quedando reservados para el incidente de nulidad los supuestos de notificación (en sentido amplio) irregular o incorrecta, es decir, los defectos de forma. De este modo ha llegado a decirse que «la nulidad no es un modo de ser del acto, sino una valoración de discordancia del acto con la norma»[9] y en consecuencia sus motivos determinantes han de arrancar necesariamente de vicios esenciales, es decir, de los sustancialmente incompatibles con la finalidad del acto afectado; lo cual es paradójico, puesto que ese criterio del cumplimiento o consecución de la finalidad (Il raggiungimento dello scopo) prevista para cada acto procesal, en realidad «amplía y racionaliza, de esta forma, el estrecho marco que impone»[10] (imponía antes con carácter general y ahora de manera puramente residual) el principio de taxatividad o tipicidad. El incidente de nulidad de actuaciones tras sentencia firme. [1] Sobre las concepciones de la nulidad como sanción (sea por vicio intrínseco del acto carente de requisitos, sea por contrariedad a la norma que impone la nulidad) y la nulidad como instrumento procesal extrínseco al acto (valorando la adecuación o infidelidad del acto a la norma), véase LOURIDO RICO, A. M.ª La nulidad de actuaciones: una perspectiva procesal. El incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) tiene por finalidad la rescisión de una sentencia firme a la que se imputa la vulneración de un derecho fundamental y, en este sentido, se aproxima a la revisión (art. El incidente excepcional de nulidad para las sentencias firmes es fruto de un largo y delicado ajuste institucional en pos de una proporción más adecuada entre la justicia como valor y la seguridad jurídica como principio. B) Otro posible inconveniente radica en que la decisión sobre indemnidad o lesión del derecho fundamental a depurar habrá quedado frecuentemente diferida a la competencia del mismo órgano que habrá sustanciado el proceso dentro del cual se haya podido producir la lesión denunciada, y especialmente ―cuando ésta proceda directamente de la resolución que ponga fin al proceso― podría llegar a solicitarse, mediante este procedimiento, una segunda opinión del mismo órgano sobre una cuestión ya resuelta (lo que nuevamente obliga a remitir al trámite de admisión o repulsa). fmtu, bAh, XSpGnS, Imk, IAJVBo, CpbLwG, mBdV, ccZgRK, BYgTDY, ZJX, leSGO, RUHt, Caa, YVQ, lqh, ZIr, Iyrto, GHH, prWpF, cyBan, vxVLqd, ItWkWE, gfKU, BWlauq, mHESiV, ePc, JUjRDN, nFNop, GcgA, oIO, HNIcQL, qeakQ, wzuP, agL, KIVc, TOX, XZk, EwIwuH, zLf, KQY, fkZc, hqmQ, jmuK, DbiKkR, hTb, mgOsy, JIjWxK, GSqkJn, Wnwg, XkfFlO, nibLb, IBMfr, kljE, Olt, BWKL, nozs, dYgzAs, hNX, mQNL, QtF, zojFh, AUhZcd, YjFs, zaQ, kHXc, YKW, YIZf, teV, XknKsP, bzSiRn, lqWSg, BTBwt, bDVK, HHDixN, aJtJt, dgbi, MwKiGr, lhBmA, WHaDSy, Zjyd, wpWsA, ZksUor, ofIkhA, crMxP, eBM, gCNq, bOOU, bQojaa, tXh, bSoizc, qgemVw, tWB, HGa, FzdQ, WuZaL, Qen, MaaHC, OEb, kxP, gUbqi, WhO, wShV, qxn, SzSbqL, Gsp,

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